Alex Wagemann en Diario Financiero: «lo que no debiera ocurrir es que la discusión sobre quién es dueño del agua se confunda con la manera en que se deben llevar a cabo los proyectos de infraestructura necesarios –como las plantas desaladoras– para asegurar su suministro»
Santiago, Chile.- En el marco de la discusión constitucional en torno a la titularidad de los derechos naturales del país, el Diario Financiero publicó, en su edición de hoy viernes 4 de febrero de 2022, una carta a la directora enviada por el abogado y socio director de WAGEMANN Abogados & Ingenieros, Alex Wagemann, sobre la propiedad del agua y los mecanismos necesarios para concretar los proyectos que faciliten su uso y distribución.
Señora directora:
Uno de los asuntos más complejos de resolver por parte del próximo gobierno, así como los que vendrán en los siguientes años, es el problema del agua, tanto de consumo humano como de uso industrial.
La situación actual de sequía no es un fenómeno nacional, sino que responde a un cambio climático global cuyas consecuencias no podemos anticipar, salvo el hecho de que esta condición se proyectará por un buen tiempo más.
Atendido este estado de cosas, tanto el sector público como el privado han puesto sobre la mesa una serie de soluciones. Todas ellas pasan por el desarrollo de proyectos de infraestructura, ya sea mediante el mejoramiento de las redes existentes y la reducción de las actuales fugas (que superan el 30% en zonas urbanas), reutilización de aguas servidas, optimización del riego, así como el diseño y construcción de obras de canalización y transporte de agua desde el sur al norte del país, o bien, el aprovechamiento del agua de mar mediante la instalación de desaladoras, entre otros.
Cualquiera sea la combinación de proyectos que se adopte, ya sea en forma simultánea o priorizada, es importante que el asunto sea atendido con real urgencia. En tal sentido, existe actualmente la tecnología, capacidades e interés por concretar obras en esta materia; sin embargo, el asunto no progresa a la velocidad necesaria producto del antagonismo que los diversos actores de nuestra sociedad tienen respecto de la forma en que se quiere gestionar el recurso, lo que incide directamente en la manera en que se pretenden materializar las obras necesarias para asegurar el acceso al agua.
Habiendo un consenso general que el agua debiera ser un bien nacional de uso público, la discusión se está centrando en si la administración y operación de las obras necesarias deben quedar en manos públicas o privadas, a pesar de existir diversos marcos contractuales disponibles que permiten la gestión estratégica del Estado de manera más directa o indirecta. Un ejemplo de lo anterior es la determinación de si la inversión para la construcción de las plantas desaladoras debe ser asumida por el Estado mediante inversión directa o bien, con la participación de privados.
Dada la necesidad apremiante, al haber un acuerdo básico en la propiedad del agua y, reconociendo que la determinación de quien será el ente que financie y materialice las obras necesarias para su obtención, transporte y distribución es un elemento relevante, conviene recordar que existen diversos marcos contractuales que permiten desarrollar este tipo de proyectos, permitiendo focalizar estratégicamente su gestión de forma íntegra en el sector público, como también, con la participación del sector privado. De hecho, volviendo al ejemplo anterior, en materia de plantas desaladoras se están promoviendo y concretando proyectos con inversión pública directa, así como proyectos concesionados, al igual que otros llevados a cabo por empresas particulares para abastecerse de agua industrial. Todo lo anterior, procurando utilizar el marco legal ya existente o generando una normativa específica.
En la práctica, lo que no debiera ocurrir es que la discusión sobre quién es dueño del agua y las limitaciones a su uso para determinados fines se confunda con la manera en que se deben llevar a cabo los proyectos necesarios para asegurar el suministro de la misma. En tal sentido, es fundamental que la manera en que sean redactadas las disposiciones pertinentes por parte de la Convención Constitucional, garantizando desde luego los derechos que se estimen pertinentes sobre esta materia, permitan a los gobiernos que vengan contar con las herramientas necesarias para que tales proyectos puedan ser ejecutados bajo el máximo abanico de alternativas posibles, sin limitaciones o sesgos políticos en uno u otro sentido. Quizás de esta manera será posible aprovechar de manera inteligente el recurso, asegurando efectivamente que los derechos constitucionales sobre esta materia puedan realmente ser satisfechos.
Alex Wagemann F., abogado